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El Gobierno de Asturias ha reunido hoy a más de un centenar de representantes de centros de I+D+i, grupos e institutos de investigación, empresas, instituciones, agentes sociales y representantes políticos para avanzar en la puesta en marcha de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. La creación de un registro con las entidades que forman parte del ecosistema científico y tecnológico asturiano y la constitución del Observatorio de la Innovación serán los primeros pasos en la implantación de la norma.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha presentado las principales novedades de la ley, que entró en vigor el 12 de abril. Se trata de una norma “transformadora”, que marcará el futuro del Principado, y que redefine el marco legal del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI). La nueva legislación plantea el incremento de la financiación, el refuerzo de la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada, la carrera investigadora como eje para atraer talento y el apoyo a la I+D+i de excelencia.

Sánchez ha recordado que la norma blinda la financiación de la I+D+i asturiana para los próximos años y eleva de cinco a siete años la vigencia de los programas de ayudas y atracción de talento, para converger con Europa y afianzar el crecimiento del sistema científico-tecnológico regional. El objetivo es incrementar paulatinamente la inversión en investigación e innovación para llegar a los 1.075 millones anuales en 2030, tanto de inversión pública como privada, lo que supondría el 3% del PIB regional.

Uno de los primeros pasos será la creación de un registro para integrar y coordinar el sistema de I+D+i. El Registro del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Resaci) funcionará como herramienta de identificación, coordinación y seguimiento de todos los agentes públicos y privados que forman parte del sistema. Estar inscrito en ese registro será requisito necesario para acceder a las diferentes iniciativas de financiación, reconocimiento y colaboración impulsadas por la Administración autonómica.

Además, el registro facilitará una mejor planificación estratégica, con datos consolidados sobre capacidades, infraestructuras, talento investigador y líneas de trabajo en el territorio. El objetivo es que pueda ponerse en marcha este año.

Observatorio de Innovación

Otra de las grandes apuestas de la ley es el Observatorio Asturiano de la Innovación, un órgano técnico que servirá como herramienta de información y evaluación del ecosistema científico y tecnológico. Su misión será recopilar, analizar y difundir datos sobre el desarrollo de la ciencia y la innovación en Asturias, incluidos indicadores de igualdad de género, retorno de la inversión pública y participación en programas nacionales e internacionales.

El observatorio también elaborará informes estratégicos y servirá para unificar fuentes de datos y disponer de información actualizada y acreditada que permita orientar las políticas de I+D+i. Ciencia trabaja, de la mano de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), en la puesta en marcha de este órgano.

La nueva norma incorpora también el concepto de entornos de pruebas controladas de tecnología o sandbox, que permitirán a empresas, startups, universidades o centros tecnológicos testar productos, servicios o modelos innovadores en un marco regulado y supervisado. Este instrumento busca acelerar la transferencia de conocimiento desde el ámbito científico al tejido productivo y favorecer la colaboración público-privada. Una de las primeras acciones en este marco será analizar los sectores y ámbitos en los que se pueden poner en marcha este tipo de entornos de pruebas. Un ejemplo de sandbox puede ser la tecnología dual del sector de defensa o la industria aeroespacial, en la que Asturias pretende posicionarse.

Compromiso con el talento, la igualdad y la ciencia abierta

La ley también incorpora medidas específicas para la retención y atracción de talento investigador, el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito científico-tecnológico, y el impulso de la ciencia abierta como principio transversal.

En esta línea, reconoce el papel fundamental de universidades, centros tecnológicos y empresas como motores del cambio, y favorece la participación de la sociedad civil en los procesos de innovación.

Uno de los puntos clave de la nueva ley es la creación de un Cuerpo Superior de Investigación, siguiendo el modelo del CSIC, de forma que el Principado pueda contar con personal investigador dentro de la Administración autonómica. La ley incluye tres escalas: profesor/profesora de investigación, investigador/a y científico/a titular.

Con esta legislación, Asturias aspira a reforzar su modelo de desarrollo sostenible basado en el conocimiento y alineado con los objetivos europeos de transición ecológica, digital y social justa.

La jornada ha contado con la presencia de representantes de todos los centros de I+D+i asturianos, públicos y privados, empresas innovadoras, startups y spinoff, así como personal investigador, agentes sociales y miembros de los grupos parlamentarios.

Además de la presentación de la norma, el viceconsejero de Ciencia, Iván Aitor Lucas, ha moderado una mesa redonda sobre los efectos de la Ley de Ciencia en todos los sectores de la I+D+i asturiana, con la participación de la directora de Ficyt, Mercedes Díaz; la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo, Irene Díaz; la representante de los centros de I+D+i empresariales Patricia López y Andrea Acebes, responsable de la empresa innovadora Plabite.

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